Resolución 1644 de 2026: qué debe ajustar su IPS en los próximos 12 meses

1. Resolución 1644 de 2026: la telemedicina deja de ser una videollamada y se vuelve un requisito de software

La Resolución 1644 de 2026 derogó la Resolución 2654 de 2019 y reescribió las condiciones para prestar telesalud y telemedicina en Colombia. El cambio de fondo no es clínico: es tecnológico. La historia clínica electrónica pasa a ser el medio oficial de la atención, WhatsApp queda expresamente excluido, las plataformas deben sincronizarse con la Hora Legal de Colombia y el uso de inteligencia artificial adquiere reglas propias. Los prestadores ya habilitados tienen doce meses para armonizar.

El 31 de julio de 2026 el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1644, un cuerpo normativo de 44 artículos y 31 páginas que deroga por completo la Resolución 2654 de 2019 y redefine el desarrollo de actividades de telesalud y la prestación de servicios de salud en modalidad de telemedicina dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La lectura obvia es que se trata de una actualización clínica y de habilitación. Lo es, en parte. Pero si se leen los capítulos 4 y 7 con atención, aparece el cambio real: la resolución traslada el centro de gravedad del cumplimiento desde el consultorio hacia el sistema de información. Ya no basta con que un profesional habilitado atienda a distancia. Ahora la plataforma tiene que poder demostrarlo.

Esa distinción tiene consecuencias presupuestales, contractuales y de facturación que conviene entender antes de que se agote el plazo de transición.

2. ¿Qué diferencia hay entre telesalud y telemedicina en la Resolución 1644?

La telesalud agrupa actividades de orientación, apoyo y educación que no requieren habilitación y que en ningún caso constituyen un acto médico. La telemedicina es una modalidad de prestación de servicios de salud, al mismo nivel de la intramural y la extramural, y está sujeta al Sistema Único de Habilitación. La diferencia determina qué interacción puede generar una fórmula, una orden o una incapacidad.

El artículo 38 vuelve obligatoria y uniforme una separación que en la práctica se venía usando con laxitud. Las definiciones de la resolución deben ser utilizadas por todos los actores del sistema que participen en la implementación, prestación o divulgación de estos servicios.

La telesalud comprende tres actividades que no requieren habilitación, precisamente porque su alcance no implica la prestación de un servicio de salud (art. 9):

• Teleorientación: consejería y orientación en promoción, prevención y autocuidado. No contempla formulación de medicamentos, órdenes, incapacidades, certificados clínicos ni solicitudes diagnósticas (art. 10, parágrafo 2).

• Teleapoyo: consejería entre profesionales de la salud. La responsabilidad sobre la conducta adoptada recae en quien solicita el apoyo, no en quien lo brinda, y quien brinda el apoyo tampoco puede formular (art. 11).

• Teleeducación: actividades formativas dirigidas al talento humano, usuarios y comunidades (art. 12).

La telemedicina, en cambio, se rige por las condiciones de la Resolución 3100 de 2019 y puede aplicarse en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos (art. 3.21).

Para las áreas comerciales y de operación la lectura es inmediata: buena parte de lo que hoy se ofrece como "acompañamiento digital" es telesalud, no genera obligación de habilitación, pero tampoco puede producir una fórmula, una incapacidad o un registro asistencial. Si el servicio promete eso, es telemedicina, y aplica todo lo demás.

3. ¿Cuáles son las cuatro categorías de telemedicina y cuáles permiten prescribir?

La resolución reconoce cuatro categorías combinables entre sí: telexperticia, teleconcepto, teleconsulta y telemonitoreo. La prescripción de medicamentos solo puede realizarse en las tres primeras. El telemonitoreo queda excluido de la posibilidad de formular, aunque sí permite generar alertas, apoyar decisiones y escalar el caso a otra modalidad.

La exclusión del telemonitoreo del universo de la prescripción (art. 20) es uno de los puntos que más va a doler en programas de crónicos mal diseñados: se puede monitorear, generar alertas tempranas y escalar, pero la fórmula tiene que salir de una teleconsulta, un teleconcepto o una telexperticia.

Hay un segundo detalle que suele pasarse por alto: la telexperticia es la única categoría que no admite asincronía. Exige comunicación sincrónica interactiva con el usuario como centro de la atención (art. 16). Cualquier flujo construido como "envío de caso y respuesta diferida del especialista" no es telexperticia; es teleconcepto, con responsabilidades distintas.

La prescripción, en las categorías donde está permitida, puede suscribirse mediante firma electrónica, digital o digitalizada, con plena validez jurídica siempre que cuente con soporte en la historia clínica. Cuando se use firma digital, los certificados deben provenir de entidades de certificación digital acreditadas (art. 20).

4. ¿Cómo se organiza la atención entre nodos y puntos de enlace?

Toda atención por telemedicina se estructura entre un nodo de servicio remisor, donde se origina la interacción, y un nodo de servicio de referencia, que aporta la capacidad resolutiva. Ambos operan bajo la responsabilidad de un prestador habilitado. El punto de enlace en telemedicina no requiere habilitación, pero el prestador del nodo de referencia responde por validar sus condiciones técnicas.

El nodo remisor cuenta con las condiciones técnico-científicas para la valoración inicial, el seguimiento o la gestión de la atención, y debe garantizar la captura, registro y transmisión de la información clínica (art. 3.24). El nodo de referencia responde la solicitud, dispone de capacidad resolutiva y puede operar en distintos niveles de complejidad (art. 3.22).

Dos figuras merecen atención especial.

• El profesional independiente puede habilitar un nodo de servicio de referencia desde su domicilio (art. 3.22). Esto abre modelos de red que antes eran jurídicamente incómodos, pero no relaja nada: sigue habiendo habilitación, historia clínica, privacidad e identificación de participantes.

• El punto de enlace en telemedicina no requiere habilitación (art. 3.28). Puede funcionar en un puesto de salud, una casa de gobierno indígena, un equipamiento público, otro espacio comunitario acordado con la entidad territorial o el domicilio del usuario, con condiciones mínimas de privacidad, dispositivo con cámara y micrófono suficientes, y conectividad que permita video en tiempo real o, cuando no sea posible, intercambio asincrónico (art. 31).

El punto crítico está en el numeral 31.5: la responsabilidad de validar esas condiciones tecnológicas y operativas recae en el prestador del nodo de referencia. Quien atiende a distancia responde por verificar el entorno técnico del otro extremo.

Sobre responsabilidad, la norma es explícita y prudente: cada prestador responde por las obligaciones que le corresponden como remisor o referencia, sin responsabilidad solidaria ni responsabilidad por el acto del otro nodo, salvo cuando en la atención se presente concurrencia de causas en la generación del daño (art. 16, parágrafo). Ese matiz es el que debe quedar reflejado en los acuerdos entre nodos, que ahora son obligatorios.

5. ¿Por qué la historia clínica electrónica pasa a ser el medio oficial de la atención?

El numeral 24.4 establece que la prestación de servicios de salud en modalidad de telemedicina debe efectuarse mediante el software de historia clínica electrónica del prestador, que constituye el medio oficial para el registro, gestión y conservación de la información clínica generada durante la atención. No es una recomendación: es la definición del canal válido.

De esa definición se desprende una cadena de exigencias concretas sobre el sistema de información.

Sincronización con la Hora Legal de la República de Colombia. Las plataformas que generen registros clínicos y cronológicos —historia clínica electrónica, firma electrónica— deben demostrar sincronización con el producto metrológico de la Hora Legal, conforme al Decreto 1595 de 2015 (art. 22). Combinado con las definiciones de estampado cronológico y firma digital (arts. 3.11 y 3.12), esto es un requisito de arquitectura, no de configuración.

Dotación mínima verificable por categoría. El artículo 24 baja al nivel de hardware. Para telexperticia se exigen, entre otros, dos monitores o pantallas independientes con resolución mínima de 1920 × 1080 —uno destinado a la videollamada y otro al diligenciamiento de la historia clínica o la revisión de ayudas diagnósticas— y plataformas de videollamada debidamente licenciadas, con certificación de seguridad e integridad de la información y mecanismos de respaldo y recuperación de datos (num. 24.6). Hay requisitos análogos y diferenciados para teleconcepto, teleconsulta y telemonitoreo (nums. 24.7 a 24.9).

Interoperabilidad obligatoria con la HCE. El artículo 39 exige garantizar interoperabilidad entre las plataformas y el sistema de Historia Clínica Electrónica conforme a los estándares de la Resolución 866 de 2021, asegurando el registro de las atenciones realizadas, el acceso del profesional a la historia clínica durante la atención, el registro de las intervenciones y decisiones adoptadas, y la compatibilidad con los sistemas de reporte del Sistema de Información para la Calidad. La gradualidad se sujeta a lo previsto en la Resolución 1888 de 2025, que fija el marco de interoperabilidad y ciberseguridad del sector.

Aquí la 1644 no inventa un requisito nuevo: engancha la telemedicina a una ruta que ya venía corriendo. Si su institución ya tiene mapeadas las obligaciones de interoperabilidad HL7 FHIR y los plazos para IPS y EPS, la telemedicina entra por ese mismo carril. Si no las tiene mapeadas, este artículo agrega una modalidad más a una brecha que ya existía.

Grabación: decisión documentada, no automática. El prestador debe establecer en qué situaciones graba las videollamadas y, si lo hace, solicitar autorización al usuario y también al profesional de salud. La grabación se incorpora como documento electrónico a la historia clínica y queda sujeta a los tiempos de retención y conservación documental (art. 24, parágrafo).

Sumado, esto significa que la conversación sobre telemedicina en el comité directivo deja de ser "¿qué plataforma de video compramos?" y pasa a ser "¿nuestro sistema de información puede acreditar esto?".

6. ¿Se puede atender pacientes por WhatsApp en telemedicina?

No. El numeral 24.5 de la Resolución 1644 declara expresamente que las aplicaciones de mensajería inmediata como WhatsApp y la comunicación a través de redes sociales no cumplen los requisitos exigidos para prestar servicios de salud en modalidad de telemedicina. Es la primera vez que la norma colombiana nombra la herramienta.

Conviene precisar un matiz que se está reportando de forma imprecisa. La exclusión aplica a los numerales 24.1 a 24.4, es decir, a la modalidad de telemedicina.

Para actividades de telesalud, el artículo 22 sí admite entre las plataformas posibles los "sistemas de mensajería" y los "aplicativos de llamada", siempre que cumplan estándares de seguridad de la información, cifrado de datos, autenticación de usuarios, control de accesos y estándares de interoperabilidad, con documento de certificación o validación técnica emitida por el desarrollador o autoridad competente.

La diferencia, entonces, no es de canal: es de estándar acreditable. Una teleorientación puede darse por un sistema de mensajería que cumpla y pueda demostrarlo. Una teleconsulta no, porque debe efectuarse a través del software de historia clínica electrónica del prestador.

7. ¿Qué reglas aplica la Resolución 1644 al uso de inteligencia artificial?

La resolución permite la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en telemedicina, con seis condiciones. Las tres de mayor impacto operativo son el deber de informar previamente al usuario, la obligación de contar con mecanismos de registro y auditoría de las recomendaciones generadas, y el registro ante INVIMA cuando la plataforma se clasifique como dispositivo médico. El responsable del uso es siempre el prestador, no el proveedor tecnológico.

Es la primera norma sectorial colombiana que regula el uso de IA dentro de una modalidad de prestación. El artículo 23 fija los requisitos:

• Deber de informar. El usuario debe ser informado de manera previa y clara cuando en su atención se utilicen herramientas de IA como apoyo tecnológico, incluyendo capacidades, alcances, limitaciones y responsable de su uso.

• Registro y auditoría. Los sistemas deben permitir verificar los aportes y recomendaciones generadas, especialmente ante incidentes o eventos adversos.

• Clasificación como dispositivo médico. Si por su funcionalidad diagnóstica o de soporte a la decisión clínica la plataforma se clasifica como dispositivo médico, requiere registro, permiso de comercialización o autorización del INVIMA conforme al Decreto 4725 de 2005.

• Validación técnica y clínica documentada. En el uso de IA de impacto clínico debe existir validación de desempeño, sesgos, calidad de datos, ciberseguridad, supervisión humana y gestión de cambios, con soportes documentales bajo responsabilidad del prestador.

La norma reitera en distintos numerales que la IA no sustituye ni reemplaza el criterio, el juicio clínico ni la autonomía del talento humano en salud, que conserva en todo momento el control sobre la toma de decisiones clínicas, con la facultad de revisar, validar o rechazar las recomendaciones generadas. Y define con claridad que el responsable del uso de las tecnologías suministradas es el prestador de servicios de salud (arts. 3.27 y 23.6).

Los considerandos anclan esto en el CONPES 4144 de 2025, que adoptó la Política Nacional de Inteligencia Artificial y estableció los principios de transparencia, responsabilidad jurídica del talento humano, protección de datos sensibles y mitigación de sesgos.

El Ministerio tiene doce meses para expedir los lineamientos técnicos de implementación, evaluación y uso de estas plataformas en la modalidad (art. 23, parágrafo). Es una fecha que vale la pena tener en el calendario de producto.

8. ¿Pueden glosar una atención por haber sido prestada a distancia?

No, siempre que la modalidad esté debidamente soportada. El parágrafo 2 del artículo 37 prohíbe a las EPS y demás entidades responsables de pago efectuar glosas, devoluciones u objeciones fundamentadas exclusivamente en la modalidad de prestación. Pero la protección solo opera si la telemedicina está identificada y es consistente en la factura electrónica, los RIPS y la historia clínica.

Este es probablemente el artículo de mayor valor económico inmediato, y viene en dos partes.

La condición operativa es precisa: el prestador debe reportar la modalidad en el campo modalidadGrupoServicioTecSal de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud y facturar con los códigos CUPS vigentes que correspondan al servicio efectivamente prestado y habilitado, conforme a la Resolución 948 de 2026 y sus cambios en facturación electrónica en salud y RIPS (art. 37, parágrafo 1).

Esta es la articulación que conviene no perder de vista: la protección contra glosas de la 1644 se ejecuta con los campos y validaciones de la 948. Una institución que aún no tenga resuelto el reporte de modalidad en RIPS no está en condiciones de invocar el parágrafo 2, por más habilitada que esté en telemedicina.

Hay además un requisito contractual fácil de pasar por alto: la prestación en modalidad de telemedicina debe estar respaldada mediante acuerdo de voluntades suscrito entre las partes intervinientes, donde se establezcan las condiciones técnicas, operativas, tecnológicas, administrativas y de facturación aplicables, así como los mecanismos para el intercambio, reporte y validación de la información (art. 37).

Sobre financiación, el artículo 36 cierra una discusión vieja. Los servicios incluidos en el listado de financiación con cargo a la UPC se financian con recursos de la UPC cuando se presten por telemedicina, siempre que el prestador cuente con habilitación vigente para la modalidad; los no financiados con UPC van por el mecanismo de protección individual. Y el parágrafo 2 es tajante: la telemedicina no implica la creación de un servicio nuevo ni genera financiación adicional, porque la fuente de financiación la determina el servicio o procedimiento incluido en el Plan de Beneficios, con independencia de la modalidad bajo la cual se preste.

Las EPS, por su parte, deben garantizar a sus afiliados acceso oportuno y efectivo a los servicios en esta modalidad, sin establecer barreras administrativas o tecnológicas que la limiten o desnaturalicen (art. 36, parágrafo 1).

9. ¿Qué obligaciones nuevas trae en seguridad del paciente?

El artículo 29 obliga a identificar sistemáticamente los riesgos propios de la atención remota y a definir barreras de seguridad específicas. La obligación con mayor impacto operativo es el numeral 29.6: un mismo profesional no puede sostener simultáneamente varias conexiones sincrónicas interactivas en tiempo real provenientes de uno o varios nodos remisores.

Los riesgos que la norma exige identificar incluyen fallas en la conectividad o en los equipos tecnológicos, errores en la transmisión o interpretación de información clínica, dificultades para la valoración física del paciente y riesgos asociados a la identificación del paciente, la privacidad y la confidencialidad de los datos (num. 29.1).

Sobre esa base, los prestadores deben contar con información documentada que defina con claridad:

• Las situaciones clínicas que requieren derivación a atención presencial.

• Los criterios de idoneidad para la atención en la modalidad.

• Los procedimientos ante fallas tecnológicas durante la consulta.

• Los mecanismos de verificación de identidad del paciente.

Esa información debe estar documentada, socializada con el equipo de salud y actualizada periódicamente conforme a la evidencia disponible y la evolución tecnológica (num. 29.2).

La prohibición de conexiones concurrentes del numeral 29.6 merece destacarse porque afecta directamente la programación de agendas: cualquier modelo de productividad construido sobre atención simultánea queda fuera de norma.

A ello se suman la formación específica en seguridad del paciente aplicada al entorno virtual (num. 29.3) y la obligación de incorporar en el sistema de reporte los incidentes y eventos propios de la atención por telemedicina, previniendo el subregistro mediante estrategias de cultura de seguridad y reporte no punitivo (num. 29.5).

10. ¿Cómo debe manejarse el consentimiento informado en telemedicina?

El consentimiento informado para la atención en salud es independiente de la autorización para el tratamiento de datos personales. Son dos documentos distintos, con fundamentos jurídicos distintos. Puede firmarse de forma manuscrita, digital, electrónica o digitalizada, debe registrarse en la historia clínica y el usuario puede revocarlo en cualquier momento.

El artículo 7 separa con claridad lo que muchas instituciones tienen mezclado en un solo formato. La autorización de tratamiento de datos se rige por la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias; el consentimiento asistencial responde a la explicación del funcionamiento de la atención mediante TIC, su alcance, beneficios y riesgos, las responsabilidades de las partes, el manejo de la privacidad y confidencialidad, los protocolos de contacto, las condiciones para la prescripción y los procedimientos ante emergencias o fallas tecnológicas.

En atención a niños, niñas y adolescentes, además del consentimiento otorgado por padres, acudientes o representantes legales, debe contarse con el asentimiento informado del menor cuando su edad y nivel de madurez le permitan comprender la información, conforme a la Resolución 309 de 2025. La valoración de la autonomía progresiva y el consentimiento o asentimiento otorgado deben quedar registrados en la historia clínica. El mecanismo se extiende a las personas con discapacidad que requieran acompañamiento para la toma de decisiones en salud.

Los datos de salud conservan su condición de datos sensibles bajo régimen reforzado de protección, con autorización previa, expresa e informada del titular, implementación de medidas de seguridad e inscripción de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos cuando aplique (art. 26).

11. ¿Qué criterios diferenciales aplican en zonas rurales y dispersas?

La resolución habilita criterios diferenciales en municipios del Plan Nacional de Salud Rural y en ocho tipos de territorio con condiciones especiales de acceso. Allí se permite conexión en línea o fuera de línea según el tipo de interacción, pero con dos condiciones: conservar evidencia documental de las pruebas de conectividad y contar con protocolos de contingencia documentados.

El capítulo 6 reconoce que las condiciones no son homogéneas en el país. El artículo 32 permite aplicar criterios diferenciales en los municipios incluidos en el anexo técnico del Plan Nacional de Salud Rural, adoptado mediante el Decreto 351 de 2025, así como en otros municipios con condiciones especiales:

• Población igual o inferior a veinte mil habitantes.

• Municipios incluidos en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

• Municipios con Planes Especiales de Intervención Integral en Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII).

• Municipios vinculados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

• Municipios clasificados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).

• Municipios priorizados en el marco del Plan Nacional de Salud Rural.

• Zonas especiales de dispersión geográfica.

• Municipios con presencia significativa de comunidades étnicas.

En estos territorios se permite conexión en línea o fuera de línea según el tipo de interacción sincrónica o asincrónica, con garantía de integralidad de los datos (art. 33). Pero la conectividad intermitente o satelital debe conservar evidencia de pruebas documentales de conectividad y estar acompañada de protocolos de contingencia documentados que garanticen la continuidad del cuidado, la comunicación con el usuario y el registro clínico ante fallas de conexión (art. 33, parágrafo 1).

Los criterios diferenciales, en ningún caso, pueden comprometer las condiciones de calidad, humanización, seguridad del paciente, privacidad y seguridad de la información (art. 32, parágrafo 1).

El artículo 34 incorpora además la participación de sabedores ancestrales, dinamizadores e intérpretes en territorios con presencia de población étnica, con consentimiento explícito del usuario, deber de confidencialidad equivalente al del personal de salud, y registro en la historia clínica de su participación sin detallar contenidos propios del saber ancestral que el usuario considere privados. Esa participación no comporta responsabilidad clínica alguna: la decisión asistencial corresponde exclusivamente al profesional tratante.

12. ¿Desde cuándo rige la Resolución 1644 y cuánto tiempo hay para adaptarse?

La resolución rige desde su expedición, el 31 de julio de 2026, y desde esa fecha derogó la Resolución 2654 de 2019. El plazo de doce meses no es para entrar en vigencia: es para que los prestadores que ya contaban con servicios habilitados en telemedicina armonicen su operación. Quien vaya a habilitar la modalidad ahora no tiene periodo de gracia.

Esta es la distinción que más confusión está generando y conviene dejarla precisa.

El artículo 44 establece que la resolución rige a partir de la fecha de su expedición. El artículo 43, por su parte, otorga doce meses de armonización a los prestadores que a la entrada en vigencia ya contaban con servicios habilitados en la modalidad, y durante ese plazo sus habilitaciones mantienen su validez jurídica y operativa en el marco del Sistema Único de Habilitación.

La consecuencia práctica: el marco aplicable para nuevas habilitaciones es el nuevo, completo, desde el primer día.

El Ministerio debe brindar asistencia técnica durante la transición, con especial énfasis en los municipios con condiciones especiales, y diseñar y comunicar por canales oficiales el plan de asistencia técnica y su cronograma, priorizado por riesgo y condiciones territoriales (art. 43, parágrafo).

La inspección, vigilancia y control queda en la Superintendencia Nacional de Salud. Las entidades territoriales deben verificar las condiciones de habilitación en su jurisdicción, hacer seguimiento a los puntos de enlace en su territorio y reportar oportunamente los incumplimientos identificados (art. 42).

13. Un punto que conviene monitorear

El numeral 35.2, sobre prestadores extranjeros, señala que la participación aplica "en las categorías de la modalidad de Telemedicina, Teleconcepto, Teleconsulta y Telemonitoreo como nodo de servicio de referencia". La enumeración omite la telexperticia y encabeza con el nombre de la modalidad en lugar de una categoría, lo que sugiere un error de redacción más que una exclusión deliberada.

Mientras no exista aclaración del Ministerio, lo prudente para quien estructure redes con profesionales domiciliados fuera del país es no asumir que la telexperticia está habilitada por esa vía, y sostener el resto de condiciones del artículo 35: aplicación limitada a consulta externa y al grupo de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, títulos convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, inscripción en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, prestación exclusivamente a través de una IPS inscrita en el territorio nacional, registro clínico en idioma español y cumplimiento de las reglas de protección de datos ante transferencia transfronteriza.

14. Qué revisar esta semana

Un orden de trabajo razonable para los próximos doce meses, priorizado por riesgo de hallazgo:

1. Inventario de canales. Identificar toda atención que hoy se preste por mensajería o redes sociales y clasificarla: ¿es telesalud, y puede continuar bajo estándar acreditable, o es telemedicina, y debe migrar al software de historia clínica electrónica?

2. Capacidad del sistema de información. Verificar con el proveedor la integración o interoperabilidad con la HCE, la sincronización con la Hora Legal, la trazabilidad de la modalidad hacia RIPS, el soporte de firma electrónica o digital y los mecanismos de respaldo y recuperación.

3. Dotación por categoría. Contrastar los puestos de atención contra los numerales 24.6 a 24.9, empezando por telexperticia, que es la más exigente.

4. Reprogramación de agendas. Eliminar cualquier esquema de conexiones sincrónicas concurrentes por profesional (num. 29.6).

5. Formatos de consentimiento. Separar el consentimiento asistencial de la autorización de tratamiento de datos e incorporar el asentimiento para niños, niñas y adolescentes conforme a la Resolución 309 de 2025.

6. Acuerdos de voluntades entre nodos. Redactar o actualizar, incluyendo condiciones técnicas, operativas, tecnológicas, administrativas y de facturación.

7. Documentación de seguridad del paciente. Riesgos propios de la modalidad, criterios de derivación presencial, protocolo ante fallas tecnológicas y verificación de identidad.

8. Inventario de inteligencia artificial. Si hay algún componente de apoyo a la decisión clínica en operación, definir el aviso al usuario, la trazabilidad de recomendaciones y verificar si requiere registro ante INVIMA.

15. El fondo del asunto

La Resolución 1644 no amplía ni restringe la telemedicina: la profesionaliza. Y lo hace por una vía poco habitual en la regulación colombiana, que es exigirle a la tecnología que demuestre lo que antes se presumía.

Durante seis años, cumplir en telemedicina fue esencialmente un ejercicio de habilitación y de buena práctica clínica. A partir de ahora, buena parte de la evidencia de cumplimiento vive dentro del sistema de información: si el registro no está en la historia clínica electrónica, si la modalidad no viaja al RIPS, si la plataforma no acredita certificación y sincronización horaria, la atención puede haber sido clínicamente impecable y administrativamente indefendible.

Los doce meses de transición no son un plazo para actualizar plataformas. Son un plazo para verificar si el sistema de información de la institución puede sostener, con evidencia, la operación que la norma ahora describe.

16. Preguntas frecuentes sobre la Resolución 1644 de 2026

¿Qué resolución deroga la Resolución 1644 de 2026?

Deroga íntegramente la Resolución 2654 de 2019, que regulaba la telesalud y la telemedicina en Colombia desde entonces. La derogatoria opera desde el 31 de julio de 2026, fecha de expedición de la nueva norma.

¿La teleorientación permite formular medicamentos o expedir incapacidades?

No. La teleorientación es una actividad de telesalud y no contempla la formulación de medicamentos, órdenes, incapacidades, certificados clínicos ni solicitudes diagnósticas. Para eso se requiere una categoría de telemedicina que lo permita: telexperticia, teleconsulta o teleconcepto.

¿Se puede usar WhatsApp para atender pacientes por telemedicina?

No. El numeral 24.5 establece que las aplicaciones de mensajería inmediata como WhatsApp y la comunicación por redes sociales no cumplen los requisitos exigidos para la modalidad de telemedicina. Para actividades de telesalud, los sistemas de mensajería pueden usarse si acreditan los estándares de seguridad del artículo 22.

¿En qué categorías de telemedicina se puede prescribir medicamentos?

Únicamente en telexperticia, teleconsulta y teleconcepto. El telemonitoreo está excluido de la posibilidad de prescribir, conforme al artículo 20.

¿Una EPS puede glosar una factura porque la atención fue virtual?

No. Las entidades responsables de pago no pueden efectuar glosas, devoluciones u objeciones fundamentadas exclusivamente en la modalidad de prestación, siempre que la atención corresponda al servicio habilitado y efectivamente prestado y la modalidad esté soportada en la factura electrónica, los RIPS y la historia clínica.

¿Cuánto tiempo tienen las IPS para adaptarse a la Resolución 1644?

Los prestadores que ya contaban con servicios habilitados en telemedicina al 31 de julio de 2026 tienen doce meses para armonizar su operación. Durante ese plazo sus habilitaciones conservan validez jurídica y operativa. Quienes habiliten la modalidad después de esa fecha deben cumplir el nuevo marco desde el inicio.

¿La telemedicina genera un pago adicional a la UPC?

No. La telemedicina es una modalidad de prestación, no un servicio nuevo. La fuente de financiación la determina el servicio o procedimiento incluido en el Plan de Beneficios en Salud, con independencia de la modalidad bajo la cual se preste.

Lecturas relacionadas

La Resolución 1644 no se lee sola. Se conecta con tres normas que ya analizamos en detalle:

• Resolución 948 de 2026: cambios en facturación electrónica en salud y RIPS — el marco de facturación que hace operativa la protección contra glosas del artículo 37.

• Resolución 948 de 2026: guía de salud digital e interoperabilidad — obligaciones de interoperabilidad FHIR, plazos para IPS y EPS, ciberseguridad y software médico.

• Resolución 1888 de 2025: guía normativa de interoperabilidad y ciberseguridad — la ruta de gradualidad a la que el artículo 39 sujeta la interoperabilidad en telemedicina.